Corte de Apelaciones de Concepción ordena procesamiento de civiles en Caso Laja-San Rosendo

Concepción, 15 de marzo de 2018; La Corte de Apelaciones de Concepción procesó, este día jueves 15 de marzo, a 4 civiles en calidad de cómplices de los homicidios de Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez, en el episodio denominado “Masacre de Laja-San Rosendo”.

En fallo unánime (causa rol 174-2017), la Quinta Sala del Tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Villa, Carola Rivas y Yolanda Méndez (s)– encausó a Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román, como cómplices en los homicidios calificados.

Resolución que indica que en relación a la responsabilidad de Jarpa Forester: “(…) por cuanto desde su cargo de Jefe de Seguridad de la Papelera (de Laja), facilitó la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían y entraban a la planta frente a Carabineros”, en hechos ocurridos en septiembre del año 1973, posterior al Golpe de Estado ocurrido en nuestro país.

Recordar que han sido diversas las diligencias que se han realizado en este caso, donde ya han habido procesamientos a personal policial involucrado en esos hechos, y que tenía una arista pendiente la que constantemente era solicitada tanto por abogados como por los propios familiares e integrantes de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Laja y San Rosendo, la vinculación y responsabilidad, indicaban, de civiles en estos lamentables hechos.

Así lo indicó el vocero de la agrupación, Emilio Araneda, quien es hermano de Mauricio Araneda uno de los abogados que han encabezado esta causa, y además hijo de uno de los 19 detenidos y ejecutados políticos del Caso Laja-San Rosendo, “esta resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 15 de marzo, estimó la veracidad de los antecedentes que definitivamente permiten someter a proceso a cuatro ejecutivos de la Planta CMPC Laja, a Lionel Aguilera Covarrubias, Carlos Ferrer Gómez, Pedro Jarpa Forester y Rodolfo Román Román, conductor de los vehículos que transportaron a las víctimas. Esta resolución viene a coronar años de investigación desde el año 2011 cuando se logró reabrir la causa… han transcurrido 7 años sin embargo la tenacidad y perseverancia de las familias y de nuestros abogados, han permitido que la Corte finalmente, contradiciendo lo que el Ministro Carlos Aldana había determinado al cerrar la causa, señalando que no había elementos plausible para someter a proceso a civiles, sin embargo la Corte en una votación unánime, de tres a cero, confirma la tesis nuestra que tiene que ver con la participación criminal de estos civiles“.

En relación a este significativo procesamiento, Araneda agrega que “uno podría mostrarse feliz por la resolución, pero no es un tema de felicidad, es un tema de justicia, de verdad… que se acerca a lo que nosotros esperamos”. Indica además que lo más probable es que se recurra a la Corte Suprema para cuestionar este procedimiento, pero nuestro equipo de abogados que cuando esto ocurra estar preparado para seguir manteniendo la tesis que se ve fortalecida por la votación de la Corte de Concepción.

Fallo del procesamiento que detalla sobre Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román: “(…)por cuanto los dos primeros, en su calidad de jefes de la papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta, facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados; en cuanto al último de ellos, actuó como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos”.

Además se indica que las presunciones fundadas sobre la participación antes señalada nacen de las declaraciones de los propios inculpados, en cuanto Pedro Jarpa Forester reconoce que reunió a un grupo de gente que aparecía en una lista proporcionada por Fernández Mitchell y procedió a llamarlos por su nombre, afirmó también que dentro de los vehículos utilizados por los carabineros estaba un Land Rover de la papelera y cree que Rodolfo Román trabajó, seguramente como chofer, junto a los carabineros; Ferrer Gómez y Aguilera Covarrubias reconocen haber prestado los vehículos a requerimiento de Carabineros y también haber dado cal, aun cuando para otro fin; y Román Román quien pese a negar haber realizado el traslado de todos los detenidos, reconoce ser chofer particular de la papelera y haber tenido a su cargo un Land Rover, se indica en parte del fallo de la Corte de Concepción.

Araneda agrega que de ratificarse el procesamiento, en la Corte Suprema, después de ello el Ministro Aldana como juez instructor de la causa, tendrá que proponer las penas de este sometimiento a proceso (si así se confirma) sea de estos 4 civiles, más los 14 carabineros que ya están sometido a proceso. Considerando que el tema de las penas corresponde al sistema penal antiguo, que ha tenido distintas interpretaciones en el tiempo, “no es tranquilizador que la causa la mantenga el Ministro Aldana, nos quedaron muchas dudas respecto a las oportunidades que quiso cerrar la causa con solo el sometimiento a proceso de los uniformados”.

“Para nosotros lo importante y necesario en la historia, es que hayan sido finalmente sometidos a proceso los civiles que estuvieron directamente involucradas en la detención, desaparición y muerte de nuestros familiares“, concluye Emilio Araneda, hijo de Luis Alberto Araneda.